28 de septiembre de 2026
En la última década, América Latina ha experimentado transformaciones históricas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. La denominada «marea verde» ha impulsado la regulación voluntaria o por plazos en Argentina (2020), Colombia (2022), Uruguay (2012) y la mayoría de las entidades federativas de México (entre 2007 y 2024). Sin embargo, el istmo centroamericano opera como una anomalía continental donde el poder político, legislativo y judicial ha cerrado filas para bloquear, penalizar y retroceder en la garantía de estos derechos.
Según estimaciones globales publicadas por el Guttmacher Institute con datos consolidados para el periodo 2015-2019 y proyecciones de 2022, en América Latina se realizan aproximadamente 44 abortos por cada 1 mil mujeres en edad fértil. En países donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida o severamente restringida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2021 ha estimado que más del 75% de los procedimientos se efectúan en condiciones inseguras, situando a las complicaciones obstétricas derivadas de la clandestinidad como una de las causas directas de mortalidad materna e invalidez permanente en la región.
Radiografía del estancamiento y el retroceso
Honduras mantiene una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia en su Código Penal desde 1983. Pero en enero de 2021 la prohibición se endureció, el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 67 de la Constitución que elevó a dos tercios (86 votos) la mayoría parlamentaria requerida para realizar cualquier modificación futura a la prohibición del aborto, una medida diseñada para bloquear de forma indefinida eventuales iniciativas de ley o recomendaciones de organismos internacionales.
En su momento, la colectiva Somos Muchas y otras activistas señalaron que la persecución penal afecta de forma desproporcionada a mujeres jóvenes de zonas rurales y de bajos recursos económicos, quienes son judicializadas tras sufrir pérdidas gestacionales o emergencias sin atención médica adecuada. También condenaron que el proyecto, presentado por el diputado nacionalista Mario Pérez, fuera aprobado de forma exprés en un solo debate virtual. Además, criticaron que el Congreso solo socializara el proyecto con líderes de la Iglesia católica y la Confraternidad Evangélica, ignorando por completo la evidencia científica, las alertas de la ONU y las peticiones de los movimientos de mujeres.
A esto se sumó que durante 14 años, desde 2009 hasta marzo de 2023, Honduras fue el único país de la región en prohibir de manera absoluta la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Aunque el Ejecutivo autorizó su distribución para casos de agresión sexual mediante protocolo oficial en 2023, persisten importantes barreras en los centros de salud locales debido a la falta de implementación y a la resistencia del personal médico.
Jóvenes hondureñas protestan contra el proyecto de ley aprobado en 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente
Por su parte, El Salvador cuenta con una de las legislaciones antiaborto más punitivas del mundo desde la reforma constitucional de 1998, que reconoce la personalidad jurídica desde la concepción. La última década no solo mantuvo la prohibición absoluta, sino que profundizó la persecución penal.
En lugar de procesar a las mujeres bajo el delito de aborto (que conlleva penas menores de 2 a 8 años), la Fiscalía General de la República consolidó la práctica de recalificar jurídicamente las emergencias obstétricas y los partos precipitados extrahospitalarios como homicidio agravado, lo que impone condenas de 30 a 50 años de prisión.
De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, más de 180 mujeres sufrieron encarcelamiento bajo este esquema procesal entre 2000 y 2019. A partir de marzo de 2022, con la implementación y prórroga sistemática del régimen de excepción, el retroceso se agravó pues la suspensión de garantías constitucionales eliminó la presunción de inocencia y el debido proceso para las pacientes denunciadas desde los mismos hospitales públicos por el personal médico, que actúa bajo coerción y temor a represalias penales. La dimensión internacional de esta crisis se plasmó en el caso Beatriz vs. El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas audiencias de fondo en marzo de 2023 expusieron cómo la denegación de servicios de salud pauta una política de Estado que prioriza la sanción penal sobre la vida de las gestantes.
Mujeres protestan a favor de Beatriz durante las jornadas en 2023. Foto: CEJIL
El deterioro de los derechos reproductivos en Nicaragua durante la última década ha estado intrínsecamente ligado al giro autoritario del régimen de Daniel Ortega. Tras la derogación del aborto terapéutico en noviembre de 2006 -que eliminó una excepción médica vigente desde 1891-, la restricción penal absoluta se mantuvo inamovible. El Frente Sandinista terminó por penalizar el aborto el 13 de septiembre de 2007.
Sin embargo, el retroceso decisivo ocurrió entre 2018 y 2025 con la cancelación masiva de la personería jurídica de más de 3,000 organizaciones no gubernamentales. Este desmantelamiento desarticuló a entidades históricas referentes en la defensa de los derechos de las mujeres y la salud comunitaria, como el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) -dirigido por Ana Quirós y despojado de su personería jurídica en diciembre de 2018-, el Puntos de Encuentro, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Al clausurar estas organizaciones, encarcelar, desterrar o despojar de su nacionalidad a sus lideresas y confiscar sus bienes, el Estado nicaragüense destruyó la infraestructura social que proporcionaba clínicas comunitarias, educación sexual, anticoncepción, atención ginecológica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en zonas urbanas y rurales. Esta barrida institucional clausuró la única red territorial independiente frente al monopolio estatal, dejando a las mujeres y niñas en un entorno de total desprotección reproductiva.
Marcha del 28 de octubre de 2014, mujeres en la avenida Bolívar exigieron el derecho al aborto. Foto: Onda Local
En Costa Rica, el retroceso reciente demuestra que las garantías en salud reproductiva pueden sufrir regresiones incluso dentro de marcos democráticos institucionales. El Código Penal costarricense permite el aborto terapéutico para salvar la vida o la salud de la gestante desde 1970; no obstante, su aplicación estuvo bloqueada durante casi medio siglo por la ausencia de un protocolo médico oficial. Tras la conquista histórica que significó la promulgación de la Norma Técnica en diciembre de 2019 bajo presión de instancias internacionales, el Ejecutivo del expresidente Rodrigo Cháves revirtió este avance en octubre de 2025 al derogar el reglamento y sustituirlo por uno significativamente restrictivo.
La regulación de 2025 endureció los criterios médicos para autorizar el procedimiento, promovió la objeción de conciencia y añadió trámites burocráticos inhibitorios. Esta medida redujo al mínimo la aplicación de una excepción legal aprobada desde hace décadas en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde en el periodo 2019-2025 apenas se habían gestionado 27 interrupciones terapéuticas.
En apenas 6 años, la situación de la penalización del aborto cambió en Costa Rica. Foto: Amelia Rueda
Guatemala ha experimentado un retroceso multidimensional durante los últimos diez años, reflejado tanto en el ámbito penal como en el sanitario y educativo. A pesar de que el Código Penal en su artículo 137, vigente desde 1973, solo autoriza el aborto por riesgo de vida de la madre, el sistema público ha carecido de una guía nacional de aplicación, haciendo que el procedimiento sea denegado por el personal de salud por estigma o temor penal. A esto se le suma la intención deliberada de aumentar las penas en 2022 con la aprobación de la ley “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” 5272; por la que la ciudadanía salió a las calles puesto que también vulneraba los derechos de la diversidad sexual del país. De no haber sido rechazada por el expresidente Alejandro Giammattei, hoy día habría aún más restricción y persecución.
Datos del Ministerio de Salud Pública y del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva según reportes entre 2021 y 2024, registran que entre el 8% y el 12% de las muertes maternas derivan de complicaciones por abortos inseguros en la clandestinidad.
Esta precariedad estructural se acentuó entre 2024 y 2025 debido a una crisis de desabastecimiento público que dejó sin anticonceptivos orales e inyectables al 70% de los centros de salud, afectando directamente a mujeres de escasos recursos. Según una nota de prensa de Con Criterio, 7 de cada 10 mujeres no tienen acceso a métodos de planificación en el sistema público.
El retroceso en prevención del embarazo no deseado sobre todo en niñas y adolescentes, se consolidó en el ámbito escolar bajo el gobierno de Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, cediendo a presiones de sectores conservadores, el Ministerio de Educación (MINEDUC) mantuvo el veto y la eliminación de los contenidos de Educación Integral en Sexualidad (EIS) del pensum de estudios nacional base, suspendiendo las guías de prevención de la violencia y la salud reproductiva en el sistema educativo público. Esto en un contexto donde el OSAR reporta hasta junio de este año, 1,093 embarazos en niñas de 10 a 14 años.
La ciudadanía guatemalteca salió a las calles en marzo de 2022 en contra de la 5272. Foto: Jovanna García
Por último, en Panamá, aunque es el único país centroamericano que admite el aborto para víctimas de violencia sexual, existe un estancamiento normativo debido a las barreras procedimentales impuestas para acceder a este derecho. Aunque el Código Penal de 2007 en su artículo 141 contempla la causal de violación, exige que la interrupción se realice dentro de un plazo máximo de dos semanas tras el hecho, sumado a la obligación de interponer previamente la denuncia formal ante el Ministerio Público.
A lo largo de la última década, la falta de reformas legislativas para ampliar este plazo o eliminar la exigencia judicial ha provocado que el estigma, la lentitud institucional y el shock traumático hagan caducar el límite legal en la mayoría de los casos, obligando a niñas y mujeres a llevar a término embarazos producto de agresiones sexuales.
Protesta del 8 de marzo de 2022 en Panamá. Foto: ELLAS
El papel del acompañamiento transfronterizo
Frente a las prohibiciones en Centroamérica, los países donde el aborto se garantiza como un derecho o no se penaliza -como en México, donde más de 20 estados lo han despenalizado tras la decisión de la Suprema Corte en 2021- se han convertido en un respaldo fundamental para las centroamericanas.
En estos marcos legales, la interrupción del embarazo se realiza mediante esquemas con fármacos y métodos seguros y avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante las primeras semanas de gestación.
Ante la falta de garantías estatales al sur de la frontera mexicana, plataformas en línea como Aborto ACÁ -creada y fortalecida entre 2022 y 2024 junto a organizaciones como Ipas LAC- funcionan como la principal red de apoyo y reducción de riesgos a distancia.
A través de canales de mensajes privados y seguros, estas iniciativas comparten guías basadas en la edición de 2022 de las directrices de la OMS para el uso correcto de los medicamentos en casa, brindan orientación médica y acompañamiento emocional confiable. Además, se coordinan con colectivas comunitarias en la región para facilitar el acceso a los insumos, dar asesoría legal y respaldar a mujeres en situación de vulnerabilidad en toda Centroamérica.