13 de septiembre de 2026
El 11 de septiembre de 1973 no es solo una fecha en el calendario chileno. Es una herida abierta en la memoria colectiva de Latinoamérica, un recordatorio brutal de cómo la historia del continente ha sido marcada por la intervención extranjera, el quiebre del orden democrático y la siembra del terror como herramienta política. Aquel día, el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue derrocado por un sangriento golpe militar, un evento que no fue un accidente, sino el punto culminante de un plan orquestado desde Washington.
La evidencia documental es abrumadora. Archivos desclasificados muestran que la administración de Richard Nixon vio el triunfo de Allende como una amenaza existencial, temiendo que su modelo de "socialismo democrático" pudiera ser replicado en otras naciones. La orden fue clara: hacer que la economía chilena "gimiera de dolor" para crear las condiciones del caos.
La CIA, a través de su “proyecto FUBELT", destinó millones para crear un clima propicio para un golpe militar, sobornando a oficiales y tejiendo una red de desestabilización. El asesinato del general René Schneider, defensor de la constitucionalidad, fue un escalofriante preludio de lo que vendría. Cuando la vía institucional falló, la opción militar se impuso, y el general Augusto Pinochet se convirtió en el brazo ejecutor de una dictadura que duraría 17 años, dejando 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos y torturados.
En esa vorágine de violencia, la cultura y la memoria también fueron blanco del terror. El cantautor Víctor Jara, símbolo de la nueva canción chilena y del compromiso social, fue detenido en el Estadio Chile, convertido en centro de detención. Allí, tras ser salvajemente torturado, sus verdugos le rompieron las manos para luego asesinarlo a tiros, un acto de crueldad que buscaba silenciar su voz y la de todo un pueblo. Víctor Jara no fue una baja colateral; fue un objetivo del plan sistemático de aniquilación cultural de la dictadura.
Este patrón de violencia y persecución contra quienes defienden la vida y la memoria se repite, con siniestra regularidad, en la historia del continente. Décadas después, en Guatemala, el eco de ese mismo 11 de septiembre resonó de manera brutal. El 11 de septiembre de 1990, la antropóloga guatemalteca Myrna Mack fue acuchillada en múltiples ocasiones en plena calle, un crimen perpetrado por el ejército guatemalteco. Su pecado fue haber realizado un trabajo de acompañamiento a comunidades indígenas que retornaban del exilio en México, tras huir de un genocidio. Mack documentaba las heridas de una guerra civil que tenía su origen en otro golpe de Estado, el de 1954, que derrocó al presidente Jacobo Árbenz, también orquestado por la CIA.
El hilo que une estos trágicos sucesos es la mano de una política exterior que durante décadas priorizó el control geopolítico sobre la soberanía y la vida de los pueblos. Chile y Guatemala son dos caras de una misma moneda: la del sufrimiento infligido por quienes se arrojaron el derecho de decidir el destino de una región entera. Ambos países comparten un "11 de septiembre" que no es casualidad, sino un símbolo de la fragilidad de la democracia frente al poder fáctico y la capacidad de los pueblos para resistir, aún en la adversidad.
Recordar el golpe en Chile y el asesinato de Myrna Mack no es un ejercicio de nostalgia. Es un acto de justicia y una advertencia. Es reconocer que las heridas aún no cicatrizan y que la verdad, aunque haya sido sepultada en archivos clasificados por décadas, sigue siendo una demanda irrenunciable para construir un futuro donde la soberanía y la vida sean verdaderamente respetadas.
