6 de septiembre de 2026
Cada septiembre, una oleada de celebraciones recorre América Latina. México conmemora el Grito de Dolores el día 16, Chile el inicio de su proceso independentista el 18, y cinco naciones centroamericanas —Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica— festejan el 15 de septiembre la firma del Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala en 1821. Son fechas que evocan el fin del dominio español y el nacimiento de nuevas repúblicas.
Sin embargo, la gesta independentista que debería inspirar orgullo contrasta con una deuda histórica aún no saldada: la de Haití. El país caribeño logró su independencia de Francia en 1804, tras la única revolución de esclavos exitosa de la historia. Pero el precio por esa libertad fue brutal. En 1825, el rey Carlos X de Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos oro a cambio del reconocimiento de su soberanía, una suma que el economista Thomas Piketty ha calificado como el "rescate" más escandaloso de la historia moderna.
Haití pagó durante décadas, empobreciéndose hasta 1947, en un lastre que aún explica gran parte de su miseria actual. Hace algunas semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó aquella decisión como una "injusticia", pero sin comprometerse a restituir los fondos. Una comisión histórica estudiará el caso, mientras las demandas de reparación —estimadas por el New York Times en hasta 115.000 millones de dólares en pérdidas— siguen sobre la mesa.
Pero si el colonialismo europeo dejó cicatrices, el nuevo siglo revela un rostro actualizado del intervencionismo. Este 2026, mientras Latinoamérica conmemora sus bicentenarios, la sombra del "nuevo monopolio" se proyecta desde Washington. La administración Trump ha reactualizado la doctrina Monroe bajo la etiqueta de "Trump", declarando a todo el hemisferio como su "área de interés principal". Las evidencias son contundentes.
En enero pasado, una operación militar estadounidense en Caracas, secuestró al presidente Nicolás Maduro, justificada en nombre de la "democracia" y la "seguridad", en una acción que Naciones Unidas calificó de "peligroso precedente". Pero la intervención no se limita a los misiles. La injerencia en los procesos electorales se ha vuelto la norma: en las recientes elecciones de Argentina, Brasil, Honduras y Colombia, funcionarios estadounidenses han presionado abiertamente a favor de candidatos afines, advirtiendo con sanciones o retirando apoyos si no se cumplían sus expectativas. El caso más reciente ocurrió en Brasil, donde el gobierno de Lula da Silva denunció y vetó la entrada de dos enviados de Washington que planeaban reunirse con la oposición para cuestionar la transparencia del sistema electoral. La respuesta de EE.UU. fue la revocación de la visa del embajador brasileño.
Este patrón no es nuevo. Desde el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 hasta el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y la invasión a Panamá de 1989, la historia está plagada de intervenciones que, bajo el manto del anticomunismo o la "estabilidad democrática", dejaron muerte y dictaduras.
Hoy el discurso cambia, pero la práctica es la misma: la región sigue siendo concebida como un "patio trasero" donde las decisiones soberanas se subordinan a los intereses estratégicos de la potencia hegemónica del norte.
Así, mientras los países latinoamericanos celebran la emancipación de una corona, la realidad evidencia que la lucha por la autodeterminación continúa. El desafío actual no es sólo preservar la memoria de los “héroes criollos independentistas”, sino también construir la unidad y la resiliencia necesarias para disuadir al nuevo colonizador que, sin disfraces, busca reordenar la región a su antojo.
La lección del bicentenario es clara: la independencia plena, aquella que no depende del beneplácito de potencias extranjeras, sigue siendo una tarea pendiente en la región.
